Construir carreteras e implementar Sembrando Vida en zonas como Badiraguato, Sinaloa, no detendrán al crimen organizado. Menos incautar su dinero mal habido. Sin embargo, estas acciones como ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (abrazos, no balazos) no están equivocadas.
La “conmemoración” del culiacanazo y los planteamientos de Manuel Espino al gobierno federal no deben recordar que López Obrador “sirve a los narcos”, sino que éstos no son los mismos de los 70.s. Aquellos cárteles que tenían prohibido vender estupefacientes al menudeo y tocar a la población, han pasado a traficar, aparte de droga, personas, extorsionar, lavar dinero, secuestrar, etc., como resultado de años de impunidad y complicidad de servidores públicos.
Además de usar como rehenes que intercambian por la libertad de los líderes de su organización delictiva a mujeres, niños y ancianos con la marina, el ejército o la guardia nacional. Son capaces de violentarlos si se cruzan en sus ajustes de cuenta con quienes se involucran con ellos.
Esta “libertad” que tienen de no respetar la vida de otros se agudizó desde el momento que supieron que no habrían más combates frontales con ellos, por derivar en los mal llamados “daños colaterales”. Aunque, a primera instancia, se puede considerar que ésta es la solución: ponerse al tú por tú con el crimen organizado, no lo es.
La guerra contra el narcotráfico, que en la práctica fue entre narcos, demostró que el costo de hacerlo es muy alto, y no presisamente en términos económicos. Al igual que la persecución emprendida de grandes capos tras el escándalo Irán-Contra, provocó que una ira se descargara sobre los gobernados, en vez de los gobernantes con quienes tenían pactos.
Al final, combatirlos no es una opción, pero no hacerlo tampoco. La persona que reciba la banda presidencial deberá resolver este dilema para armar con ella una nueva estrategia que no olvide lo que la actual considera: la desigualdad como su origen y el dinero como su poder corruptor.
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